El brote de
aftosa que detectó el ICA en Tame, Arauca, no es el primero, tampoco será el
último. De hecho, según información del Ministerio de Agricultura entre 2004 y
2009 se presentaron 5 brotes que no nos quitó la denominación de: “País libre
de aftosa con vacunación”
Primero,
intentaremos definir el alcance del problema.
Según La
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) a través de su oficina de control
de epizootias, nuestra condición de país libre de aftosa con vacunación, no se
pierde, pues existe una clara delimitación por regiones, haciendo que el territorio
de Tame (1,064 kilómetros cuadrados) y probablemente algún municipio vecino de
Boyacá o Casanare, queden en observación por unos meses.
Muchas
veces, hemos sido críticos del ICA. En esta ocasión, debemos decir que este
organismo está perfectamente preparado para atender la emergencia. Los
científicos y profesionales con los que cuenta el país en esta materia son de
primera línea.
Entendemos
que las coordenadas del brote están identificadas. La idea, es definir la zona
de afectación, y de manera concéntrica (de la periferia al centro) vacunar toda
la población bovina y bufalina que allí pasta, sin importar si estaban
vacunadas.
De acuerdo
con la información con la que contamos, el problema debe resolverse máximo en
los próximos 12 meses, insistimos, sin que eso afecte al resto del país.
Podremos continuar exportando, desde luego sin contar con animales de la
región. Recordemos, que la zona no es productora importante de leche y que la
industria no acopia allí. Aspecto que trataremos en una próxima entrega, pues el
país tiene un potencial lechero muy importante en los Llanos Orientales.
Ahora,
detengámonos en la razón por la que esto sucedió. Lo más probable, es que el
virus lo introdujera un animal traído de contrabando desde Venezuela. Las
personas que esto hicieron deben ser calificadas de apátridas. No solo son
criminales, sino que pusieron en riesgo la sanidad animal del país en la que
los ganaderos trabajan todos los días a un costo muy alto. Sugerimos emprender
una fuerte redada para identificar los delincuentes que esto hicieron. Todo el
peso de la ley debe caer sobre los culpables, de lo contrario, las autoridades
aduaneras, la justicia y el país como un todo continuará siendo el hazmereír de
los contrabandistas. Ojalá el ministerio entienda que de esta coyuntura puede
salir la gran oportunidad para ubicarse como el verdadero defensor de la
seguridad alimentaria.
La
vacunación en Venezuela que venía siendo atendida por empresarios privados, se
convirtió en herramienta política y de corrupción. Según la información que
tenemos los malogrados revolucionarios, también intentaron ganar dinero con la
salud animal, haciendo que las dosis no llegaran a sus destinatarios,
convirtiendo en juerga un trabajo que exige rigurosidad y seguimiento. Las
fronteras se cubren de estos ataques de enfermedades, permitiendo entre otras,
que sean los empresarios privados los que resuelvan la manera como debe
distribuirse, cobrarse y aplicarse la vacuna. Es conveniente que el ministerio
de agricultura de Colombia, no intervenga en el trabajo de filigrana que ese
ejercicio demanda.
Apenas hemos
mencionado una de las posibles razones por la que tuvimos esta emergencia
sanitaria. Pueden existir otras. De ser así, es urgente que se identifique que sucedió.
Debemos de
todas maneras, aplaudir la inmediata reacción del ministerio y proponer que
esta situación no sea aprovechada por gremio o institución alguna. Esto es un
problema que ya se ha presentado y solucionado, debemos entre todos ayudar a
mejorar. No se trata de buscar ganancia de pescadores en este río revuelto.
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