Bogotá, Agosto 2 de 2.015
Señor Doctor
JUAN ANTONIO
NIETO ESCALANTE
Director
General
Instituto
Geográfico Agustín Codazzi
Bogotá
Respetado Señor Director: más de dos mil propietarios
de fincas en el municipio de Acacías Meta, nos hemos dirigido a la Dirección
Regional del IGAC, mediante Derechos de
Petición en busca de solución urgente al grave problema económico originado en
la actualización catastral efectuada por ustedes, año 2.014, avalúos que en
promedio fueron incrementados en un 728%,
con vigencia del primero de Enero del 2.015, cuyos motivos de reclamo, hoy
nos permitimos exponer ante usted:
1. El catastro rural de Acacias fue actualizado por el
IGAC en el año 2.008 con vigencia a partir del 2.009, incrementado en más del
300%, ajustado además año a año con el IPC correspondiente.
2. El municipio pagó al IGAC $140 millones de pesos
para el primero y $1.575 millones para este último.
Ambas
actualizaciones han sido practicadas como si se tratara simplemente de establecer avalúos comerciales de terrenos urbanizables, mediante
la metodología de áreas homogéneas, omitiendo los procedimientos señalados por
disposiciones vigentes para considerar y respetar derechos fundamentales de los campesinos con agricultura familiar, cultivadores de palmeras
de aceite y ganaderos que laboran la
tierra para la producción de alimentos.
3. Además de los escandalosos millonarios incrementos
injustificados y no soportados, desproporcionados, producto del desconocimiento
del medio, y de la metodología
empírica y seguramente del
propósito previo de gravar al máximo al productor, debemos recordarles que esos
avalúos tienen un impacto económico en la tributación, pues se convierten en
parte del patrimonio a declarar y sobre él se calculan los impuestos: Impuesto
predial, contribución del 20% adicional para Bomberos; renta y complementarios,
presuntiva; impuesto a la riqueza; valor de venta del bien, ganancia ocasional;
registro, notaria; estratificación entre otros, que sumados son costos superiores a los de producción de
la finca ganadera, agrícola o palmera.
4. Los
referidos impuestos se convierten en un
mecanismo confiscatorio, sin juicio previo, de nuestras propiedades rurales,
cuya sumatoria impositiva es superior a
tener que pagar un arrendamiento caro y anticipado por anualidades, cuya
moratoria lleva a remate de nuestros predios por falta de capacidad de pago al
estado.
Que contradicción más peligrosa con las políticas pregonadas por el gobierno,
cuando sus discursos apuntan a cerrar la brecha ciudad-campo, erradicar la
pobreza de la población concentrada en lo rural, que es la de menos ingresos y la que soporta las
embestidas de la acción violenta de todos los grupos armados, ahí sí los
olvidados del estado y también del municipio.
5. Es clara una doble tributación además exagerada, regresiva, inequitativa,
impagable; cómo es posible que una entidad técnica como debe ser el IGAC sea
utilizada para armar la mayor inequidad e injusticia contra la población más
pobre, enmascarada con la legalidad que desconocen.
6. De los dineros utilizados por el municipio para
pagar el contrato con el IGAC, $1.525 millones proceden de las partidas que
Ecopetrol asignó al municipio de Acacías como recursos compensatorios a daños
ambientales causados, y tienen como destino según el convenio marco
interadministrativo “para promover el desarrollo social y asegurar el
mejoramiento de la calidad de vida de la población de Acacias”.
El resultado obtenido se resume en la total
inconformidad y rechazo del producto de la Actualización del Catastro, cuando
ya hay más de 2.000 reclamaciones por Derechos de Petición.
CON CARÁCTER DE DERECHO DE PETICIÓN
RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS:
1. Suspender de inmediato los
efectos que la Actualización Catastral aquí tratada, hasta tanto se establezca
su legalidad dejando resueltas todas nuestras objeciones.
2. Que el Municipio de Acacías
no reciba el contrato al IGAC, por
cuanto el resultado de lo pagado es calificado como un “producto de pésima
calidad cuando se contrató un producto de óptima condición”.
3. Se establezca claramente
por Ecopetrol y la CGR si el dinero ($1.525 millones) se utilizó debida y legalmente,
si los resultados establecidos son los esperados con el convenio pagado al IGAC y porqué si
eran destinados a la comunidad, no se le consultó oportunamente, para el cambio
de destinación y de destinatario.
4. ¿Por qué se desconoció en
la ejecución de la Actualización referida aquí tantas veces, al no aplicar
el Artículo 9 de la Ley 101 de 1.993?
que ordena: “ CUANDO LAS NORMAS MUNICIPALES SOBRE EL USO DE LA TIERRA NO
PERMITAN APROVECHAMIENTOS DIFERENTES A LOS AGROPECUARIOS, LOS AVALUOS
CATASTRALES NO PODRAN TENER EN CUENTA NINGUNA
CONSIDERACIÓN DISTINTA A LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA Y A LA RENTABILIDAD DE LOS PREDIOS ASI COMO SUS MEJORAS,
EXCLUYENDO POR CONSIGUIENTE FACTORES DE VALORIZACIÓN TALES COMO EL FLUJO DEL
DESARROLLO INDUSTRIAL O TURISTICO, LA EXPANSIÓN URBANIZADORA Y OTROS SIMILARES.
“
5. Se demuestre la idoneidad,
de las personas que hicieron el trabajo técnico de campo en el convenio, su
formación profesional y si lo ejecutó el personal vinculado a la nómina del
IGAC o si se tercerizó.
6. Si en el año 2.009 el IGAC
actualizó el catastro rural en Acacías, como justifican que a los cinco años
además del ajuste por el IPC, incrementen el valor inmobiliario rural en
promedio 728%, que en la realidad son
millones de pesos por finca, riqueza decretada, no justificada e inexistente,
pues por el contrario el valor de los predios agropecuarios no tienen hoy
demanda comercial. Esto es o ignorancia, o un abuso de poder.
7. Por qué no se tuvieron en
cuenta aspectos tan notorios, que en un trabajo como los avalúos deben considerarse
como esenciales, como la carencia de agua, incluida la de uso agropecuario,
agravado con el desastroso impacto ambiental consecuencia de la actividad
minero energética y sus anexidades, que han afectado de manera grave el uso del
agua por contaminación y por pérdida, hay zonas que tienen que acarrear el agua
en carro tanques para uso en las fincas.
8. En este municipio nació la
industria de la palma africana generadora de riqueza por tantos años, distribuida
en la población más pobre, con empleo como el mejor remunerado, estable y
con misión social, en más de 40.000 Has
de cultivo, hoy en grave riesgo de desaparecer por bajos ingresos, carencia de
apoyo a la industria y problemas fitosanitarios insolubles, prácticamente
ignorados por el estado. La economía de la palma hizo de este municipio un
lugar sobresaliente y próspero.
9. Queremos que el IGAC nos
dé a conocer los patrones de costos de producción y de rentabilidad neta por
ha en la zona, para los renglones
predominantes como son la palma africana, ganadería de cría, de ceba y de
Doble Propósito y los cultivos de pan
coger, para así calcular la rentabilidad,
la capacidad de pago de acuerdo a la vocación y uso racional del suelo.
Le agradecemos a usted, señor
director, su atención y estaremos pendientes a una pronta y eficaz solución.
Daniel Chacón
Francisco Díaz
GANADERO PALMICULTOR
Heraclio Guevara
Sandoval
AGRICULTOR
GANADERO
C. C. Ministerio de
Agricultura
Contraloría General de la República
Alcaldía de Acacías.
Presidencia de Ecopetrol
Planeación Nacional
Senado de la República
Cámara de Representantes
El igac es un ente politizado e inoperante
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