Demogan Actualización Catastral

  Acacias 19 de Mayo de 2015

RECLAMACIÓN DE LOS  GRAVADOS EN LA  PROPIEDAD RAÍZ ,  ANTE EL SEÑOR ALCALDE, EL CONCEJO MUNICIPAL EN PLENO Y EL DIRECTOR TERRITORIAL DEL IGAC,  COMO RECHAZO UNÁNIME POR  LOS NUEVOS AVALUOS DE NUESTROS PREDIOS RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS.

Intervención de: Heraclio Guevara Sandoval

Al señor alcalde Doctor Arsenio Suárez Vargas, a su equipo de asesores, al presidente del concejo y a los honorables concejales destacando a la concejala Viviana por el particular interés y acompañamiento en los temas del campo,  al Director Regional del IGAC, sus asesores, al personero, a los                                            campesinos, ganaderos, agricultores y a todos quienes han tenido a bien acompañarnos en este encuentro, presento un saludo fraterno.

El propósito que nos anima es el deseo de poder establecer de la manera más cordial, un diálogo constructivo que nos permita dar solución a  la problemática originada en la actualización catastral reciente, con vigencia a partir del primero de enero de los cursantes.   

Los compañeros  me han encomendado de manera especial, evitar  cualquier pronunciamiento que se aparte nuestro propósito, que no es otro que el de lograr que el acto administrativo por el cual el municipio contrata con el IGAC la actualización catastral, se inhabilite, por considerarlo desde todo punto de vista lesivo, por las razones que me permitiré expresar.

Considero indispensable recordar que hace 5 años, o sea en el  2009, el municipio de Acacias pagó al IGAC la suma de 140 millones de pesos mediante contrato para la actualización catastral.

En esa época lo hicieron también San Martín, Castilla, Guamal, San Carlos de Guaroa, entre otros Municipios del departamento del Meta.

Hasta el año 2009 nuestras obligaciones catastrales eran razonables, acordes con los ingresos,  permitiendo de esta manera a los propietarios el pago puntual de las obligaciones tributarias el predial y las contribuciones a Cormacarena y a Bomberos; pues es parte de la cultura campesina la puntualidad en el  pago de los compromisos y con mayor razón con nuestro municipio, somos conscientes que es el deber para el buen funcionamiento de la administración local.

El resultado de la Actualización Catastral  del  2009 registró   un incremento del valor predial de 468%, en consecuencia el impuesto predial y las contribuciones doblaron lo pagado el año anterior.

En su momento el director territorial, Osmel Santiago Rojas, en este recinto manifestó como argumento que la región  había perdido su vocación agropecuaria, transformándose en una economía minero energética y turística, haciendo referencia como soporte de lo dicho, el incremento de vehículos  que pasaban por los peajes  entre Bogotá y Villavicencio.

Hoy,  cinco años después, las autoridades encargadas de definir los prediales nuevamente consideran que la vocación, uso del suelo y su aprovechamiento económico es petróleo y turismo.

Esta argumentación nos lleva a pensar que las instituciones encargadas de estos menesteres lamentablemente desconocen la realidad rural. La burbuja se cayó.

Indudablemente los recursos del petróleo son importantes como presupuesto de la nación, del departamento y del municipio igualmente para contratistas, proveedores, de servicios, insumos materiales y provisiones y para dar ocupación bien remunerada a emigrantes de muchísimos lugares del país; pero cosa muy distinta es el impacto a la población nativa, colonizadores, ganaderos, agricultores, campesinos, pobladores de la región para quienes ha sido absolutamente negativo por la afectación medioambiental y la biodiversidad,  la merma y desaparición de caños, vertientes, nacederos,  agua subterránea, recurso que de ninguna manera es negociable por ninguna plata;  distorsionó  la economía regional incrementando los precios para la población  más pobre sin ingresos, incrementó la corrupción a todo nivel, estableció una competencia desleal con el sector rural, absorbiendo la  mano de obra que había sido preparada para las labores agrícolas y pecuarias, durante muchos años.

Otros fenómenos del orden social y económico afectan de manera directa, y nunca  son compensados con los pocos recursos que invierten las petroleras, pero que con seguridad también  al final de la jornada en la región, solamente quedará el cuento de las petroleras. El impacto además ha sido negativo en el valor de la tierra a punto que el mercado de la compra y venta de fincas está paralizado.

 Se ha disparado el fraccionamiento de la propiedad en localidades y caseríos con fines de vivienda.

Debemos decirles también que nuestras fincas no reciben ningún beneficio como consecuencia del supuesto auge del minero energético y turístico, al punto que entre ser y no ser región petrolera es mejor no ser, es un espejismo.

Es importante recordarle a los técnicos del IGAC, la importancia de su labor en la formación y actualización catastral,  por cuanto no solamente tiene que ver con el impuesto municipal sino que por  ser el único precio  que el estado acepta al ciudadano como valor patrimonial de sus inmuebles,  tiene que ver de manera directa con la declaración de renta , la renta presuntiva, el impuesto a la riqueza, los valores notariales y de registro, las tarifas de servicios,  las contribuciones a corporaciones y bomberos entre otros, tiene una incidencia mayor al  puramente predial.

La suma de estas obligaciones ha llevado a los productores a la imposibilidad de poder cancelarlas por excesivas, superan los ingresos, afecta de manera grave  el recaudo en el municipio por incapacidad de pago de los gravados.

Según un informe de la Secretaria Administrativa y Financiera de este municipio para el año 2014 el recaudo rural fue de $1.894.869.395 y el urbano $1.884’854.902 y por recuperación de cartera en el mismo año $ 377´461.324 y en lo urbano $464’931.452 esta cifra corresponde a menos de 50% del recaudo esperado, lo cual indica que a pesar de los alivios tributarios que han ofrecido los contribuyentes  no pagan por incapacidad económica; política que a la postre es negativa para el mismo municipio, regresiva para el campo por desestimulo a la inversión y carente de estímulos para reinvertir.

Esta metodología utilizada para la Formación y actualización  de los prediales, se convierte en regresiva, al ahuyentar toda inversión agropecuaria, que es la vocación natural de la región y cultura tradicional de sus moradores; es la mayor contradicción oficial entre el discurso de los gobernantes, los  planes y  programas difundidos y sus actuaciones que propician la desaparición de toda economía de la producción de alimentos y materias primas. Ya nadie les cree.

En el año 2014, este municipio de Acacías, pago al IGAC con el mismo propósito de la actualización catastral rural y urbana la suma de 1.570 millones con recursos de Ecopetrol. Según el acuerdo de cooperación AC - 005 el recurso utilizado corresponde a la línea de los programas inversión social  que Ecopetrol destina a las comunidades afectadas y que según el mismo convenio, los recursos deben estar orientados al fortalecimiento y desarrollo social, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Acacías. Con la actualización ocurrió todo lo contrario, cuando el resultado es la manifestación de rechazo unánime, la protesta, la  inconformidad, por estar en desacuerdo con el resultado presentado por el IGAC de esa inversión, que se traduce en estos movimientos de la población con la presentación de 1.650 derechos de petición al IGAC y al municipio por estar en total desacuerdo con lo actuado.

El contrato tiene fecha de octubre de 2013 con plazo a 17 meses cumplidos el 16 de abril próximo pasado, fecha no cumplida de acuerdo a los informes de la misma alcaldía, pues para el 16 de abril pasado no habían suscrito el acta de liquidación del citado convenio AC – 005, como tampoco la interventoría había rendido   informe final.

No entendemos cómo, los avalúos catastrales están vigentes a partir del primero de enero, si aún no está concluido el trabajo de actualización.

La ya comentada contratación para actualizar el catastro rural y urbano, nos sorprendió a los propietarios cuando al ir a pagar a la tesorería, la oficina entregó los volantes de liquidación mediante los cuales la comunidad se fue enterando de los escandalosos incrementos de los prediales hasta en un 800% y los impuestos al doble de lo registrado en el año anterior.

 Estos desafortunados incrementos desfasados, irreales, inequitativos e improvisados, no guardan proporción con la metodología establecida para determinar los valores catastrales y en este caso me refiero completamente al sector rural de campesinos, agricultores, ganaderos y palmicultores.

Las autoridades catastrales están obligadas a actualizar y formar los catastros cada 5 años revisando elementos físicos, jurídicos, definir la vocación y uso del suelo, su formación económica, eliminando las disparidades originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso, de la productividad, obras construídas y reales existentes en el momento del acto, osea la en la visita del predio.

Es el estado del arte de cada predio, es la foto que recoge esa realidad. Los técnicos responsables del trabajo de campo que exige la construcción catastral no pueden aplicar valores distintos al uso presente del suelo.

Su vocación económica y su renta actual, no es posible sobre consideraciones susceptible de beneficio urbanístico sino cuando el propietario haya recibido la licencia que lo autoriza urbanizar. La sola expectativa no es y no puede ser causa de mayor valor mientras no goce del beneficio real del plan. No se puede gravar lo que apenas se presume (el caso de turismo, caso de lo urbanístico).

El avaluó catastral no puede tener en cuenta como precio actual por la presunta utilización futura del inmueble.

Las expectativas de mayores precios por presencia petrolera y su futuro turístico que son el argumento impositivo,  ninguno de estos ha beneficiado a los dueños de fincas como tampoco han generado mayores ingresos que pudieran permitir la solvencia necesaria para pagar los elevados y numerosos impuestos.

Por el contrario, con la presencia petrolera hemos recibido graves perjuicios traducidos en el deterioro de la biodiversidad, el medio ambiente, la cultura de los pueblos, la tradicional tranquilidad,  mayores costos de vida y de producción, corrupción,  la distorsión económica con la elevación de precios de la mano de obra. Deben tener presente en el trabajo de actualización catastral que las normas que cuando sobre el uso de la tierra no se permite el aprovechamiento diferente a los agropecuarios los avalúos catastrales no podrán tener en cuenta ninguna otra consideración distinta a  la rentabilidad productiva actual  de los predios.

El trabajo realizado en cumplimiento al acuerdo, carece de confiabilidad técnica y sus resultados son funestos para la población supuestamente beneficiaria o a beneficiarse con ese recurso, pues cualquiera se podría preguntar cuál mejoramiento de la calidad de vida, si de su economía resulta un efecto contrario y es el empobrecimiento de los gravados de manera inequitativa, injusta y exagerada.

La imposición de los valores establecidos como valor catastral los predios sin el lleno de los requisitos contemplados en las leyes y en el convenio mismo. No podemos aceptarlos.

Consideramos que el IGAC no cumplió de manera plena e idónea la ejecución del convenio con el municipio, ni de las normas específicas tanto de carácter técnico,  jurídico y económico y de la calidad del producto; no se trata de solucionar apenas los casos que reclaman de manera particular, se trata del “ HECHO NOTORIO” evidente de los “resultados”  que es como se mide el trabajo de los técnicos, manifestado por la generalidad de la población afectada  con 1.600 reclamos escritos, cinco  meses de permanentes reclamaciones, protestas, descontentos, rechazos, negativa al pago,

Declaratoria de Desobediencia Civil, por imposibilidad de pago.

Qué otra evaluación más contundente pretende el IGAC?

El IGAC no cumplió el compromiso legal y contractual, de realizar el reconocimiento predial que incluye la visita de verificación predio a predio.

De conformidad a las normas técnicas y jurídicas-

Este incumplimiento se desprende de lo absurdo del resultado que por demás raya con la irresponsabilidad, si tenemos en cuenta las implicaciones que de él se derivan en lo tributario, fiscal, que conlleva el incremento patrimonial.

Con los criterios aplicados en la actualización, transformaron a la comunidad rural de Acacías, de la noche a la mañana, de muy pobres a millonarios sin ningún soporte en el incremento de riqueza. Pero lo más grave es que no genera más ingresos por el hecho de ser 320 veces más ricos por voluntad  de los funcionarios.

Podemos afirmar que es necesario someter a verificación el trabajo hecho por el IGAC territorial Meta, en las diferentes partes y etapas del contrato que conlleva a la formación y la identificación predial, según lo establecido consiste en la verificación de los elementos físicos y jurídicos de los predios mediante la práctica de la inspección catastral para identificar su ubicación, linderos, extensión, construcciones infraestructura edificaciones y mejoras en general con lo que se pueda precisar la legalidad de la propiedad o en su defecto la posición.

 Siendo así, el IGAC predeterminó una de las tareas del convenio faltando así al principio de legalidad,  no se investigó ni se analizó, ni se mencionó la explotación productiva de nuestras fincas para tener en cuenta la vocación productiva agropecuaria de los suelos, se debió indagar y establecer.

Me parece muy grave, que  una entidad técnica como el IGAC,  olvide la importancia que tiene para la población rural y urbana garantizar la seguridad alimentaria, pues con estos avalúos está condenando a desaparecer la agricultura y la ganadería familiar, comercial  y de plantación del municipio, producto del trabajo honrado de sucesivas generaciones de sufridos llaneros y colombianos del campo, en general.

En consecuencia el proceso de actualización catastral está saturado de errores por omisión de las normas, que establecen la actualización de los avalúos, errores en los procedimientos y la investigación dando por resultado avalúos fantasmas, obra de imaginación de los funcionarios siempre en ausencia de la realidad. El resultado final unos valores sacados quien sabe de dónde francamente que el resultado obtenido es lamentable.

Recordemos, predios que el mismo IGAC cinco años atrás actualizó, y cada año su valor se incrementó en el IPC, cambia nuevamente en 300 por ciento, sin que haya una causa concreta, una obra, una mejora, construcciones o haya cambiado el uso, que pasó allí, no entiendo por obra de qué,  paso de 1.860 millones a 3.860 millones, perdieron la proporcionalidad del dinero, esto no puede aceptar la comunidad rural.

No encontramos ninguna relación compensatoria entre el valor del incremento hecho por los funcionarios a nuestros predios con la productividad del mismo predio, lo que encontramos es una desafortunada realidad distante de la verdadera capacidad de pago.

Los valores asignados como precio de la tierra la interpretamos como  inexacta lejos de la realidad rural apartándose de los principios de verdad y realidad presente.

Reiteramos que con estas medidas sentimos que el IGAC patrocina aceleradamente la confiscación a la propiedad de los campesinos que trabajan la tierra y producen alimentos para ustedes los de la ciudad; obligándonos hacer aportes por anualidades anticipadas muy parecidas aun arrendamiento caro. Ese no es el sentido del catastro, desviar una medida sana, para aplicar una muy distinta que es la negación al derecho al trabajo honrado. Nos gustaría conocer los avalúos que el IGAC aplica a las tierras de los cultivos ilícitos, esos si son los de la plata y en pleno crecimiento.

Solicitamos del municipio que no acepte el resultado del convenio entregado por el IGAC para la actualización catastral vigente a partir de 1 de Enero del año en curso,  producto del acuerdo de cooperación AC - 005 del 22 de Octubre de 2013

Que se ordene la restitución de los prediales a su estado anterior declarando nulidad absoluta del convenio firmada por el IGAC y que dio origen a los actuales valores de nuestros predios.

Que como consecuencia se ordene, si es del caso un nuevo avalúo del universo predial de este municipio con el lleno de los requisitos preestablecidos y ejecutado por personal de reconocida idoneidad, además la indispensable supervisión de rigor por parte del municipio donde la comunidad pueda ejercer la veeduría correspondiente.

Todo lo anterior nos obliga a manifestar la decisión unánime de los afectados de no cancelar las sumas informadas por la tesorería actualmente por absoluta incapacidad de pago llevándonos a la desobediencia civil hasta tanto se revierta la situación al estado original. 

Heraclio Guevara Sandoval