Demogan Proyecto de ordenamiento social y de la propiedad de tierras

El consejo gremial donde están representados la mayoría de los sectores productivos, viene trabajando en una serie de propuestas para presentarle al gobierno, proponiendo modificar algunos temas que de acuerdo con ellos, no cumplen con el propósito de alcanzar un país más incluyente.

Demogan sin pretender sustituir el trabajo de los gremios, tampoco analizar los alcances jurídicos que tiene la reglamentación, les ofrece un análisis complementario, con seguridad diferente, con el ánimo de acercarnos más a los ganaderos de a pie y en general a los agricultores. Esperamos que estos aportes ayuden.

Amenazar la propiedad privada no puede ser la razón de este esfuerzo. Tampoco calcar programas del mal llamado “Castrochavismo”, pues la historia demuestra que la propiedad privada sin excepción, siempre derrotó en eficiencia la colectivización que promovían los regímenes comunistas. La resistencia pasiva de los campesinos ha sido siempre más poderosa que la amenaza. El que mejor produce es premiado, ese es el aporte del capitalismo. Desde luego la fórmula para nuestra agricultura, debe centrarse en el capitalismo social.

Una propuesta de tierras fortalecida fundamentalmente por lo jurídico, sin considerar la importancia de definir y fortalecer procedimientos gerenciales y agrícolas, es incompleta. Por esa razón sugerimos tener en cuenta siete aspectos que pueden ampliarse o recortarse según sea el caso: Educar a los que van a educar en el manejo de tierras, con el cuidado de entender que Colombia es un país de microclimas, regiones y suelos diferentes. Educar al hombre de campo. Proteger el medio ambiente, desarrollar vías terciarias y allí donde sean navegables los ríos, desarrollar el transporte fluvial. Presentar un plan de financiamiento asequible, real y coherente. Ofrecer salud y posibilidad de pensionarse a los colombianos que trabajan la tierra, por último, continuar avanzando con el plan de vivienda digna que hoy ya tiene el gobierno.

Todo esto debe ser valorizado. Tiene el país la ventaja de contar con un timonel serio como es el caso de Rafael Pardo; sugerimos, hacer un plan a 5, 10 y 20 años, con indicadores y mecanismos de seguimiento que sean política de estado y no de un gobierno o de partidos que poco o nada representan a los millones que por nadie votan.

Es importante que todos los afectados y/o beneficiados se los involucre, si queremos que este proyecto tenga sostenibilidad en el tiempo.

Entendemos la premura, sin embargo insistimos en hacer partícipes a la mayor cantidad posible de agricultores.

El mensaje central de los negociadores de la Habana, es que este proyecto debe reflejar equilibrio. De acuerdo. Una ley que genere abundancia desde la tierra, seguridad alimentaria, y prosperidad para los asociados, es la que esperamos. La idea de tierra arrasada para cualquiera de las partes, no es una propuesta aceptable.

“Las coincidencias absolutas entre los registros oficiales de las autoridades catastrales y de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos”. Pensamos en Demogan que lo absoluto, solo existe en el cielo. La tierra ha sido el disparador de inequidades, desequilibrios y guerras. Este proyecto, debe consolidar la paz y no dejar fisuras para que iniciemos otras confrontaciones. Desde luego, no se trata de acomodar las vocaciones de las tierras al interés de cada propietario. La gente que tiene posesiones debe poder contar con una paleta de alternativas viables, donde el gobierno pueda ofrecer beneficios en tasas de interés, los alcaldes crear impuestos catastrales que le permitan al hombre de campo prosperar y no arruinarse, y que el finquero al final, escoja sin necesidad de sobornar ni ser extorsionado por funcionarios corruptos, lo que mejor se le acomoda.

Las UAF han sido objeto de un sinfín de discusiones. En nuestro caso sugerimos que se aproveche para entender mejor las ubicaciones de estas unidades agrícolas. Un solo ejemplo: en el Vichada, las UAF oscilan entre 1,294 y 1,725 hectáreas. ¿Qué campesino puede desarrollar un predio de este tamaño? igual si se rebajara a 500 hectáreas, las enmiendas y mejoras pueden exceder  los $4’000,000 por hectárea. De ahí la importancia de sintonizar las realidades de cada región, y con creatividad, sin pensamientos extremos, se logre de manera objetiva reglamentar las “Nuevas UAF”.

El término “Inexplotación” es claro; sin embargo difícil  de adecuarse a nuestras realidades. Si se elabora un plan de negocios, todos los que en algún momento de nuestras vidas hemos llevado a cabo ese ejercicio, sabemos lo lejos que resultan las cifras y los tiempos de las realidades. Imaginemos por un momento el perfil del funcionario que debe sancionar a quien inexpolta un área en cualquier municipio. Debe saber de suelos, aguas, productos más comunes que siembran en la región, ciclos de siembra, tipos de pastos en el caso de la ganadería, luminosidad, cambio climático, enmiendas y fertilizantes requeridos, plagas más comunes, mano de obra en la región, acceso al crédito, experiencia en la región que tenga el dueño. En fin, tantas cosas necesarias para no incurrir en el “delito” de equivocarse al evaluar qué tan inexplotada está la finca. Necesitaríamos súper evaluadores que no tenemos claro de donde puedan salir.

¿Una mata de monte es inexplotada o absolutamente necesaria para preservar una quebrada o un acuífero? La respuesta es obvia, pero se puede prestar a desequilibrios. ¿Cómo se definen vías internas y reservorios? ¿Un jardín grande en una finca cómo se catalogaría? Piensan ustedes, qué estamos siendo excesivamente quisquillosos, o, ¿simplemente nos guiamos por experiencias vividas?

Da la impresión que le estamos dando trabajo extra a los abogados y dificultades a la gente de campo. Algún profesor nos decía “La burocracia crea dificultades para cobrar favores” ¿Será este uno de esos casos?

Las comunidades y etnias, ¿serán evaluadas también por sus áreas inexplotadas? No queremos que se nos mal entienda, el país demanda con urgencia de selvas intocadas, pero, ¿Cómo evaluar una tierra que antaño producía, fue expropiada y entregada a una comunidad que por falta de conocimientos y capital, no ha logrado explotarla?

¿Han valorizado los gobiernos municipales el efecto contrario que las altas valorizaciones van a generarle a sus finanzas?

La constitución de la tierra está inscrita en ella. Creemos que nos falta estar durante más horas en silencio contemplándola, intentando entenderla para finalmente llegar a la conclusión, que ella no es parte de un todo en Colombia, ella es el todo de Colombia. Por ello con respeto creemos que debe analizarse con cuidado lo que hasta el momento hicieron, para no repetir historias ya contadas.