Comentario 111.:” Los Avalúos Catastrales Rurales
son actos confiscatorios silenciosos del IGAC.
Confiscar es privar del disfrute de los bienes
de una persona, al pasar a dominio del
Estado sin indemnización alguna; también puede ser usurpar los bienes privados
de manera generalizada, como ocurrió en la Alemania Nazi; la nacionalización de
la propiedad que siguió a la Revolución Cubana
de los Castro en 1.959 que engendró pobreza y hambruna en la sociedad cubana hasta hoy; el
camino populista que recorre Venezuela
rumbo a la quiebra y a la pobreza generalizada;
el Corralito en Argentina con Extinción de Dominio para todos, en provecho
de una clase corrupta y sinvergüenza, entre otros ejemplos. Nuestra
constitución ordena“ Solamente por
sentencia judicial, el Estado puede declarar extinción de dominio sobre bienes
adquiridos, mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o
con grave deterioro de la moral social.”
El instituto geográfico Agustín Codazzi IGAC,
es la entidad responsable del infortunado y
absurdo avalúo catastral que viene ocurriendo en varios municipios del
Meta y en el resto del país, cuyo incremento en Acacías, promedió el 728%, no
obstante haber sido actualizado por el mismo IGAC cinco años atrás con un
incremento promedio de 325 %. Los dos avalúos
suman el mil cincuenta y tres por ciento de incremento en cinco años. Esto no
es serio.
Los exagerados y desproporcionados valores
impuestos al suelo agrícola,
incrementaron por resolución el
patrimonio de los pobres del campo, al pasar a manera de ejemplo: de $300
millones a $950 millones hace cinco años, y de $950
millones a $6.900 Millones en el año 2015 (2,200% de incremento). Las
implicaciones tributarias como predial, corporaciones, bomberos, renta y
complementarios, presuntiva, e impuesto a la riqueza, entre otros, acumulan un valor superior al presunto
arrendamiento comercial del predio, que sería la renta bruta del bien. Esto convierte la carga impositiva en un arrendamiento
caro, anticipado por anualidades e
impagable.
Los afectados con la medida confiscatoria
catastral han venido reclamando ante las oficinas del IGAC regional en
Villavicencio, en primer lugar mediante
más de 2 mil derechos de petición, sin respuesta; en segundo lugar ante la Dirección Nacional
en Bogotá, en dos ocasiones con el grupo técnico de mayor nivel, y en una
tercera además del equipo asistió el Director General José Antonio
Nieto, quien ya había participado en el debate que sobre la materia
presentó la Senadora Maritza Martínez A.
Nuestra conclusión, después de ocho meses de
gestión reclamado los derechos que nos asisten, es que todo el IGAC se coloca a
la defensiva incluido el silencio administrativo, para no resolver el problema,
con un desprecio por nuestros argumentos, que demuestran que el IGAC se
equivocó con la metodología aplicada en lo rural, con base en las áreas
homogéneas y el 70% del valor comercial, sacado por encuestas empíricas,
mediante un personal improvisado; desconociendo que en este caso rural que se
reclama, tienen que atenerse al
“Articulo 9 de la Ley 101 del 93”. La aplicación del valor comercial, para el
catastro rural es contraria a la ley, y su consecuencia es que el acumulado de
los impuestos da como resultado una suma superior a la rentabilidad, según el
uso del suelo.
Con la
gestión y asistencia eficaz de la Senadora Maritza Martínez, el Ministro
de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia recibió en su despacho a la comisión
del Llano, después de escuchar por más de dos horas los distintos
planteamientos y hacer las cuentas por rentabilidad y uso del suelo, concluyó
que el problema hay que resolverlo, porque es una carga fiscal imposible de
pagar.
Aunque sabemos que el IGAC no depende del
MADR, éste sí tiene mucha relación, pues
la carga impositiva de los impuestos a este nivel afecta la economía campesina y rural de
manera grave, pues este sector es el menos indicado para resolver las finanzas
de los municipios, quienes hoy tienen opciones de lograrlo mediante proyectos
de las OCAD, del sistema nacional de regalías.
La senadora Maritza Martínez
en defensa de los llaneros, afirmó ante el Director del IGAC y ante El Ministro
de Agricultura que hay que oír, estudiar y resolver los problemas de la
comunidad, el campo no se merece semejante tratamiento de injusticias, que el
Catastro tiene que modernizarse y cumplir su misión sin arruinar el sector que
es el que produce los alimentos, sin que
pueda soportar el castigo catastral, originado en una dudosa interpretación de
las normas por parte de los funcionarios, sobre
las inequidades que los propietarios reclaman. El tema de la
actualización catastral reclama con urgencia, claridad en la política del
Estado, su aplicación correcta, que no puede ser la incertidumbre reinante, al
punto que hoy nadie compra predios o fincas para producción agrícola o pecuaria
bovina, porque es imposible pagar los impuestos con la renta del uso del suelo,
a nivel nacional.
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