El consejo
gremial donde están representados la mayoría de los sectores productivos, viene
trabajando en una serie de propuestas para presentarle al gobierno, proponiendo
modificar algunos temas que de acuerdo con ellos, no cumplen con el propósito
de alcanzar un país más incluyente.
Demogan sin
pretender sustituir el trabajo de los gremios, tampoco analizar los alcances
jurídicos que tiene la reglamentación, les ofrece un análisis complementario,
con seguridad diferente, con el ánimo de acercarnos más a los ganaderos de a
pie y en general a los agricultores. Esperamos que estos aportes ayuden.
Amenazar la
propiedad privada no puede ser la razón de este esfuerzo. Tampoco calcar
programas del mal llamado “Castrochavismo”, pues la historia demuestra que la
propiedad privada sin excepción, siempre derrotó en eficiencia la
colectivización que promovían los regímenes comunistas. La resistencia pasiva
de los campesinos ha sido siempre más poderosa que la amenaza. El que mejor
produce es premiado, ese es el aporte del capitalismo. Desde luego la fórmula
para nuestra agricultura, debe centrarse en el capitalismo social.
Una
propuesta de tierras fortalecida fundamentalmente por lo jurídico, sin
considerar la importancia de definir y fortalecer procedimientos gerenciales y
agrícolas, es incompleta. Por esa razón sugerimos tener en cuenta siete
aspectos que pueden ampliarse o recortarse según sea el caso: Educar a los que
van a educar en el manejo de tierras, con el cuidado de entender que Colombia
es un país de microclimas, regiones y suelos diferentes. Educar al hombre de
campo. Proteger el medio ambiente, desarrollar vías terciarias y allí donde
sean navegables los ríos, desarrollar el transporte fluvial. Presentar un plan
de financiamiento asequible, real y coherente. Ofrecer salud y posibilidad de
pensionarse a los colombianos que trabajan la tierra, por último, continuar
avanzando con el plan de vivienda digna que hoy ya tiene el gobierno.
Todo esto
debe ser valorizado. Tiene el país la ventaja de contar con un timonel serio
como es el caso de Rafael Pardo; sugerimos, hacer un plan a 5, 10 y 20 años,
con indicadores y mecanismos de seguimiento que sean política de estado y no de
un gobierno o de partidos que poco o nada representan a los millones que por
nadie votan.
Es
importante que todos los afectados y/o beneficiados se los involucre, si
queremos que este proyecto tenga sostenibilidad en el tiempo.
Entendemos
la premura, sin embargo insistimos en hacer partícipes a la mayor cantidad
posible de agricultores.
El mensaje
central de los negociadores de la Habana, es que este proyecto debe reflejar equilibrio. De acuerdo. Una ley que genere
abundancia desde la tierra, seguridad alimentaria, y prosperidad para los
asociados, es la que esperamos. La idea de tierra arrasada para cualquiera de
las partes, no es una propuesta aceptable.
“Las coincidencias
absolutas entre los registros
oficiales de las autoridades catastrales y de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos”. Pensamos en Demogan que lo absoluto, solo existe en
el cielo. La tierra ha sido el disparador de inequidades, desequilibrios y
guerras. Este proyecto, debe consolidar la paz y no dejar fisuras para que
iniciemos otras confrontaciones. Desde luego, no se trata de acomodar las
vocaciones de las tierras al interés de cada propietario. La gente que tiene posesiones
debe poder contar con una paleta de alternativas viables, donde el gobierno
pueda ofrecer beneficios en tasas de interés, los alcaldes crear impuestos
catastrales que le permitan al hombre de campo prosperar y no arruinarse, y que
el finquero al final, escoja sin necesidad de sobornar ni ser extorsionado por
funcionarios corruptos, lo que mejor se le acomoda.
Las UAF han sido objeto de un sinfín de discusiones. En nuestro caso
sugerimos que se aproveche para entender mejor las ubicaciones de estas
unidades agrícolas. Un solo ejemplo: en el Vichada, las UAF oscilan entre 1,294
y 1,725 hectáreas. ¿Qué campesino puede desarrollar un predio de este tamaño?
igual si se rebajara a 500 hectáreas, las enmiendas y mejoras pueden
exceder los $4’000,000 por hectárea. De
ahí la importancia de sintonizar las realidades de cada región, y con
creatividad, sin pensamientos extremos, se logre de manera objetiva reglamentar
las “Nuevas UAF”.
El término “Inexplotación” es claro; sin embargo difícil de adecuarse a nuestras realidades. Si se
elabora un plan de negocios, todos los que en algún momento de nuestras vidas
hemos llevado a cabo ese ejercicio, sabemos lo lejos que resultan las cifras y
los tiempos de las realidades. Imaginemos por un momento el perfil del
funcionario que debe sancionar a quien inexpolta
un área en cualquier municipio. Debe saber de suelos, aguas, productos más
comunes que siembran en la región, ciclos de siembra, tipos de pastos en el
caso de la ganadería, luminosidad, cambio climático, enmiendas y fertilizantes
requeridos, plagas más comunes, mano de obra en la región, acceso al crédito,
experiencia en la región que tenga el dueño. En fin, tantas cosas necesarias
para no incurrir en el “delito” de equivocarse al evaluar qué tan inexplotada
está la finca. Necesitaríamos súper evaluadores que no tenemos claro de donde
puedan salir.
¿Una mata de monte es inexplotada o absolutamente necesaria para
preservar una quebrada o un acuífero? La respuesta es obvia, pero se puede
prestar a desequilibrios. ¿Cómo se
definen vías internas y reservorios? ¿Un jardín grande en una finca cómo se
catalogaría? Piensan ustedes, qué estamos siendo excesivamente quisquillosos,
o, ¿simplemente nos guiamos por experiencias vividas?
Da la impresión que le estamos dando trabajo extra a los abogados y
dificultades a la gente de campo. Algún profesor nos decía “La burocracia crea
dificultades para cobrar favores” ¿Será este uno de esos casos?
Las comunidades y etnias, ¿serán evaluadas también por sus áreas
inexplotadas? No queremos que se nos mal entienda, el país demanda con urgencia
de selvas intocadas, pero, ¿Cómo evaluar una tierra que antaño producía, fue
expropiada y entregada a una comunidad que por falta de conocimientos y capital,
no ha logrado explotarla?
¿Han valorizado los gobiernos municipales el efecto contrario que las
altas valorizaciones van a generarle a sus finanzas?
La constitución de la
tierra está inscrita en ella. Creemos que nos falta estar durante más horas en
silencio contemplándola, intentando entenderla para finalmente llegar a la
conclusión, que ella no es parte de un todo en Colombia, ella es el todo de
Colombia. Por ello con respeto creemos que debe analizarse con cuidado lo que
hasta el momento hicieron, para no repetir historias ya contadas.
