Acacias 19 de Mayo de 2015
RECLAMACIÓN
DE LOS GRAVADOS EN LA PROPIEDAD RAÍZ , ANTE EL SEÑOR ALCALDE,
EL CONCEJO MUNICIPAL EN PLENO Y EL DIRECTOR TERRITORIAL DEL IGAC, COMO
RECHAZO UNÁNIME POR LOS NUEVOS AVALUOS DE NUESTROS PREDIOS RURALES Y
URBANOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS.
Intervención
de: Heraclio Guevara Sandoval
Al
señor alcalde Doctor Arsenio Suárez Vargas, a su equipo de asesores, al
presidente del concejo y a los honorables concejales destacando a la concejala
Viviana por el particular interés y acompañamiento en los temas del campo,
al Director Regional del IGAC, sus asesores, al personero, a los
campesinos,
ganaderos, agricultores y a todos quienes han tenido a bien acompañarnos en
este encuentro, presento un saludo fraterno.
El
propósito que nos anima es el deseo de poder establecer de la manera más
cordial, un diálogo constructivo que nos permita dar solución a la
problemática originada en la actualización catastral reciente, con vigencia a
partir del primero de enero de los cursantes.
Los compañeros me han encomendado de
manera especial, evitar cualquier pronunciamiento que se aparte nuestro
propósito, que no es otro que el de lograr que el acto administrativo por el
cual el municipio contrata con el IGAC la actualización catastral, se
inhabilite, por considerarlo desde todo punto de vista lesivo, por las razones
que me permitiré expresar.
Considero
indispensable recordar que hace 5 años, o sea en el 2009, el municipio de Acacias pagó al IGAC la suma de 140 millones de pesos mediante contrato para la
actualización catastral.
En
esa época lo hicieron también San Martín, Castilla, Guamal, San Carlos de Guaroa,
entre otros Municipios del departamento del Meta.
Hasta
el año 2009 nuestras obligaciones catastrales eran razonables, acordes con los
ingresos, permitiendo de esta manera a los propietarios el pago puntual
de las obligaciones tributarias el predial y las contribuciones a Cormacarena y
a Bomberos; pues es parte de la cultura campesina la puntualidad en el
pago de los compromisos y con mayor razón con nuestro municipio, somos
conscientes que es el deber para el buen funcionamiento de la administración local.
El resultado de la Actualización Catastral
del 2009 registró un incremento del valor predial de 468%, en
consecuencia el impuesto predial y las contribuciones doblaron lo pagado el año
anterior.
En su
momento el director territorial, Osmel Santiago Rojas, en este recinto
manifestó como argumento que la región había perdido su vocación
agropecuaria, transformándose en una economía minero energética y turística,
haciendo referencia como soporte de lo dicho, el incremento de vehículos que
pasaban por los peajes entre Bogotá y Villavicencio.
Hoy, cinco años después, las autoridades
encargadas de definir los prediales nuevamente consideran que la vocación, uso
del suelo y su aprovechamiento económico es petróleo y turismo.
Esta
argumentación nos lleva a pensar que las instituciones encargadas de estos
menesteres lamentablemente desconocen la realidad rural. La burbuja se cayó.
Indudablemente
los recursos del petróleo son importantes como presupuesto de la nación, del
departamento y del municipio igualmente para contratistas, proveedores, de
servicios, insumos materiales y provisiones y para dar ocupación bien
remunerada a emigrantes de muchísimos lugares del país; pero cosa muy distinta
es el impacto a la población nativa, colonizadores, ganaderos, agricultores,
campesinos, pobladores de la región para quienes ha sido absolutamente negativo
por la afectación medioambiental y la biodiversidad, la merma y
desaparición de caños, vertientes, nacederos, agua subterránea, recurso
que de ninguna manera es negociable por ninguna plata; distorsionó
la economía regional incrementando los precios para la población
más pobre sin ingresos, incrementó la corrupción a todo nivel, estableció
una competencia desleal con el sector rural, absorbiendo la mano de obra
que había sido preparada para las labores agrícolas y pecuarias, durante muchos
años.
Otros
fenómenos del orden social y económico afectan de manera directa, y nunca
son compensados con los pocos recursos que invierten las petroleras, pero
que con seguridad también al final de la jornada en la región, solamente
quedará el cuento de las petroleras. El impacto además ha sido negativo en el
valor de la tierra a punto que el mercado de la compra y venta de fincas está
paralizado.
Se
ha disparado el fraccionamiento de la propiedad en localidades y caseríos con
fines de vivienda.
Debemos
decirles también que nuestras fincas no reciben ningún beneficio como
consecuencia del supuesto auge del minero energético y turístico, al punto que
entre ser y no ser región petrolera es mejor no ser, es un espejismo.
Es
importante recordarle a los técnicos del IGAC, la importancia de su labor en la
formación y actualización catastral, por cuanto no solamente tiene que
ver con el impuesto municipal sino que por ser el único precio que
el estado acepta al ciudadano como valor patrimonial de sus inmuebles,
tiene que ver de manera directa con la declaración de renta , la renta
presuntiva, el impuesto a la riqueza, los valores notariales y de registro, las
tarifas de servicios, las contribuciones a corporaciones y bomberos entre
otros, tiene una incidencia mayor al puramente predial.
La
suma de estas obligaciones ha llevado a los productores a la imposibilidad de
poder cancelarlas por excesivas, superan los ingresos, afecta de manera grave
el recaudo en el municipio por incapacidad de pago de los gravados.
Según
un informe de la Secretaria Administrativa y Financiera de este municipio para
el año 2014 el recaudo rural fue de $1.894.869.395 y el urbano $1.884’854.902 y
por recuperación de cartera en el mismo año $ 377´461.324 y en lo urbano
$464’931.452 esta cifra corresponde a menos de 50% del recaudo esperado, lo
cual indica que a pesar de los alivios tributarios que han ofrecido los
contribuyentes no pagan por incapacidad económica; política que a la
postre es negativa para el mismo municipio, regresiva para el campo por
desestimulo a la inversión y carente de estímulos para reinvertir.
Esta
metodología utilizada para la Formación y actualización de los prediales,
se convierte en regresiva, al ahuyentar toda inversión agropecuaria, que es la
vocación natural de la región y cultura tradicional de sus moradores; es la
mayor contradicción oficial entre el discurso de los gobernantes, los
planes y programas difundidos y sus actuaciones que propician la
desaparición de toda economía de la producción de alimentos y materias primas.
Ya nadie les cree.
En el
año 2014, este municipio de Acacías, pago al IGAC con el mismo propósito de la
actualización catastral rural y urbana la suma de 1.570 millones con recursos
de Ecopetrol. Según el acuerdo de cooperación AC - 005 el recurso utilizado
corresponde a la línea de los programas inversión social que Ecopetrol
destina a las comunidades afectadas y que según el mismo convenio, los recursos
deben estar orientados al fortalecimiento y desarrollo social, para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población de Acacías. Con la
actualización ocurrió todo lo contrario, cuando el resultado es la
manifestación de rechazo unánime, la protesta, la inconformidad, por
estar en desacuerdo con el resultado presentado por el IGAC de esa inversión,
que se traduce en estos movimientos de la población con la presentación de
1.650 derechos de petición al IGAC y al municipio por estar en total desacuerdo
con lo actuado.
El
contrato tiene fecha de octubre de 2013 con plazo a 17 meses cumplidos el 16 de
abril próximo pasado, fecha no cumplida de acuerdo a los informes de la misma
alcaldía, pues para el 16 de abril pasado no habían suscrito el acta de
liquidación del citado convenio AC – 005, como tampoco la interventoría había
rendido informe final.
No
entendemos cómo, los avalúos catastrales están vigentes a partir del primero de
enero, si aún no está concluido el trabajo de actualización.
La ya
comentada contratación para actualizar el catastro rural y urbano, nos
sorprendió a los propietarios cuando al ir a pagar a la tesorería, la oficina
entregó los volantes de liquidación mediante los cuales la comunidad se fue
enterando de los escandalosos incrementos de los prediales hasta en un 800% y
los impuestos al doble de lo registrado en el año anterior.
Estos desafortunados incrementos
desfasados, irreales, inequitativos e improvisados, no guardan proporción con
la metodología establecida para determinar los valores catastrales y en este
caso me refiero completamente al sector rural de campesinos, agricultores,
ganaderos y palmicultores.
Las
autoridades catastrales están obligadas a actualizar y formar los catastros
cada 5 años revisando elementos físicos, jurídicos, definir la vocación y uso
del suelo, su formación económica, eliminando las disparidades originadas en
mutaciones físicas, variaciones de uso, de la productividad, obras construídas
y reales existentes en el momento del acto, osea la en la visita del predio.
Es el estado del arte de cada predio, es la foto
que recoge esa realidad. Los técnicos responsables del trabajo de campo que
exige la construcción catastral no pueden aplicar valores distintos al uso
presente del suelo.
Su vocación
económica y su renta actual, no es posible sobre consideraciones susceptible de
beneficio urbanístico sino cuando el propietario haya recibido la licencia que
lo autoriza urbanizar. La sola expectativa no es y no puede ser causa de mayor
valor mientras no goce del beneficio real del plan. No se puede gravar lo que
apenas se presume (el caso de turismo, caso de lo urbanístico).
El
avaluó catastral no puede tener en cuenta como precio actual por la presunta
utilización futura del inmueble.
Las
expectativas de mayores precios por presencia petrolera y su futuro turístico
que son el argumento impositivo, ninguno de estos ha beneficiado a los
dueños de fincas como tampoco han generado mayores ingresos que pudieran
permitir la solvencia necesaria para pagar los elevados y numerosos impuestos.
Por
el contrario, con la presencia petrolera hemos recibido graves perjuicios
traducidos en el deterioro de la biodiversidad, el medio ambiente, la cultura
de los pueblos, la tradicional tranquilidad, mayores costos de vida y de
producción, corrupción, la distorsión económica con la elevación de
precios de la mano de obra. Deben tener presente en el trabajo de actualización
catastral que las normas que cuando sobre el uso de la tierra no se permite el
aprovechamiento diferente a los agropecuarios los avalúos catastrales no podrán
tener en cuenta ninguna otra consideración distinta a la rentabilidad
productiva actual de los predios.
El trabajo realizado en cumplimiento al acuerdo,
carece de confiabilidad técnica y sus resultados son funestos para la población
supuestamente beneficiaria o a beneficiarse con ese recurso, pues cualquiera se
podría preguntar cuál mejoramiento de la calidad de vida, si de su economía
resulta un efecto contrario y es el empobrecimiento de los gravados de manera
inequitativa, injusta y exagerada.
La imposición de los valores establecidos como
valor catastral los predios sin el lleno de los requisitos contemplados en las
leyes y en el convenio mismo. No podemos aceptarlos.
Consideramos que el
IGAC no cumplió de manera plena e idónea la ejecución del convenio con el
municipio, ni de las normas específicas tanto de carácter técnico,
jurídico y económico y de la calidad del producto; no se trata de
solucionar apenas los casos que reclaman de manera particular, se trata del “
HECHO NOTORIO” evidente de los “resultados” que es como se mide el
trabajo de los técnicos, manifestado por la generalidad de la población
afectada con 1.600 reclamos escritos, cinco meses de permanentes
reclamaciones, protestas, descontentos, rechazos, negativa al pago,
Declaratoria de Desobediencia Civil, por imposibilidad de pago.
Qué otra evaluación más contundente pretende el IGAC?
El
IGAC no cumplió el compromiso legal y contractual, de realizar el
reconocimiento predial que incluye la visita de verificación predio a predio.
De conformidad a las normas técnicas y jurídicas-
Este
incumplimiento se desprende de lo absurdo del resultado que por demás raya con
la irresponsabilidad, si tenemos en cuenta las implicaciones que de él se
derivan en lo tributario, fiscal, que conlleva el incremento patrimonial.
Con los criterios aplicados en la actualización,
transformaron a la comunidad rural de Acacías, de la noche a la mañana, de muy
pobres a millonarios sin ningún soporte en el incremento de riqueza. Pero lo
más grave es que no genera más ingresos por el hecho de ser 320 veces más ricos
por voluntad de los funcionarios.
Podemos
afirmar que es necesario someter a verificación el trabajo hecho por el IGAC
territorial Meta, en las diferentes partes y etapas del contrato que conlleva a
la formación y la identificación predial, según lo establecido consiste en la
verificación de los elementos físicos y jurídicos de los predios mediante la
práctica de la inspección catastral para identificar su ubicación, linderos,
extensión, construcciones infraestructura edificaciones y mejoras en general
con lo que se pueda precisar la legalidad de la propiedad o en su defecto la
posición.
Siendo
así, el IGAC predeterminó una de las tareas del convenio faltando así al
principio de legalidad, no se investigó ni se analizó, ni se mencionó la
explotación productiva de nuestras fincas para tener en cuenta la vocación
productiva agropecuaria de los suelos, se debió indagar y establecer.
Me
parece muy grave, que una entidad técnica como el IGAC, olvide la
importancia que tiene para la población rural y urbana garantizar la seguridad
alimentaria, pues con estos avalúos está condenando a desaparecer la
agricultura y la ganadería familiar, comercial y de plantación del
municipio, producto del trabajo honrado de sucesivas generaciones de sufridos
llaneros y colombianos del campo, en general.
En
consecuencia el proceso de actualización catastral está saturado de errores por
omisión de las normas, que establecen la actualización de los avalúos, errores
en los procedimientos y la investigación dando por resultado avalúos fantasmas,
obra de imaginación de los funcionarios siempre en ausencia de la realidad. El
resultado final unos valores sacados quien sabe de dónde francamente que el
resultado obtenido es lamentable.
Recordemos,
predios que el mismo IGAC cinco años atrás actualizó, y cada año su valor se
incrementó en el IPC, cambia nuevamente en 300 por ciento, sin que haya una
causa concreta, una obra, una mejora, construcciones o haya cambiado el uso,
que pasó allí, no entiendo por obra de qué, paso de 1.860 millones a
3.860 millones, perdieron la proporcionalidad del dinero, esto no puede aceptar
la comunidad rural.
No
encontramos ninguna relación compensatoria entre el valor del incremento hecho
por los funcionarios a nuestros predios con la productividad del mismo predio,
lo que encontramos es una desafortunada realidad distante de la verdadera
capacidad de pago.
Los
valores asignados como precio de la tierra la interpretamos como inexacta
lejos de la realidad rural apartándose de los principios de verdad y realidad
presente.
Reiteramos
que con estas medidas sentimos que el IGAC patrocina aceleradamente la
confiscación a la propiedad de los campesinos que trabajan la tierra y producen
alimentos para ustedes los de la ciudad; obligándonos hacer aportes por
anualidades anticipadas muy parecidas aun arrendamiento caro. Ese no es el
sentido del catastro, desviar una medida sana, para aplicar una muy distinta
que es la negación al derecho al trabajo honrado. Nos gustaría conocer los
avalúos que el IGAC aplica a las tierras de los cultivos ilícitos, esos si son
los de la plata y en pleno crecimiento.
Solicitamos
del municipio que no acepte el resultado del convenio entregado por el IGAC
para la actualización catastral vigente a partir de 1 de Enero del año en
curso, producto del acuerdo de cooperación AC - 005 del 22 de Octubre de
2013
Que
se ordene la restitución de los prediales a su estado anterior declarando
nulidad absoluta del convenio firmada por el IGAC y que dio origen a los
actuales valores de nuestros predios.
Que
como consecuencia se ordene, si es del caso un nuevo avalúo del universo
predial de este municipio con el lleno de los requisitos preestablecidos y
ejecutado por personal de reconocida idoneidad, además la indispensable
supervisión de rigor por parte del municipio donde la comunidad pueda ejercer
la veeduría correspondiente.
Todo
lo anterior nos obliga a manifestar la decisión unánime de los afectados de no
cancelar las sumas informadas por la tesorería actualmente por absoluta
incapacidad de pago llevándonos a la desobediencia civil hasta tanto se
revierta la situación al estado original.
Heraclio Guevara
Sandoval
